Con cada vez más fuerza surgen voces que nos urgen a transitar aceleradamente hacia una economía baja en emisiones y resiliente al clima, con el fin de mitigar los impactos esperados del aumento en la temperatura promedio del planeta. Estas demandas trascienden la esfera científica y permean crecientemente otros ámbitos tales como el social y político.

En respuesta a lo anterior, se ha puesto en marcha el Acuerdo de París, un compromiso internacional sin precedentes que tiene como meta limitar el aumento de la temperatura mundial al 2100, muy por debajo de los 2 ̊C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir con los esfuerzos para acotar el aumento de la temperatura a 1,5 ̊C.

En este contexto, a nivel nacional se han planteado un conjunto de iniciativas cuyo propósito es abordar la temática climática. Entre ellas, el proceso de actualización de nuestra “Contribución Determinada a Nivel Nacional” (NDC por su sigla en inglés), la realización inicialmente en Chile y posteriormente en España de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP25, la elaboración de la “Ley Marco de Cambio Climático”, la tramitación del proyecto de ley de modernización tributaria que establece impuestos a las emisiones, y la elaboración de una “Estrategia de Desarrollo Baja en Emisiones y Resiliente al Clima”.